07 Mar Nuevo varapalo judicial a la caza
El Tribunal Superior de Justicia suspende de forma cautelar la orden en la que se escudaban los cazadores para continuar con la actividad
Ya no queda resquicio para la duda: la actividad cinegética está paralizada de forma cautelar en Castilla y León. La semana pasada el Tribunal Superior de esta comunidad (TSJCYL) suspendió el decreto autonómico que regula las especies que se pueden cazar, lo que implicaba la paralización de la actividad cinegética. Pero quedaban dudas, porque todavía estaba en vigor la orden de caza anual, en la que se especifican las especies y periodos de veda. Ayer los jueces suspendieron de forma cautelar también esa orden. El auto no es firme y cabe interponer recurso de reposición en un plazo de los cinco días siguientes a su notificación. El partido animalista PACMA, que denunció ambas normativas, sostiene que con esta última decisión «se paraliza a todas luces cualquier actividad cinegética en toda Castilla y León».
Los cazadores se preguntan ahora cuándo podrán volver a salir al campo. José Antonio Pérez es uno de los afectados por la suspensión. Veterinario, cazador y especialista en conservación de aves cinegéticas, cree que tanto la actuación de la Junta como la de la justicia no han sido correctas. Por un lado, opina que la Administración podría haber revisado en su día toda la norma. Por el otro, no entiende cómo es posible que la magistrada del tribunal haya echado abajo el decreto y el informe encargado por la Junta. La Federación de Caza de Castilla y León se defiende y critica al tribunal. “Esta sala lleva muchos años golpeando de forma sistemática los intereses de cazadores, agricultores y ganaderos”, expuso en un comunicado tras publicarse el fallo.
Con la polémica en plena ebullición, el Ejecutivo regional ha propuesto modificar la ley autonómica de caza de 1996 e incluir en ella la lista de las especies que se pueden cazar y no en un decreto que se pueda recurrir. Porque, añade la Junta de Castilla y León, la economía de la comunidad se verá afectada, dado que la caza supone un impacto económico de 506 millones de euros y da trabajo a 8.000 personas. “Los cazadores y políticos saben que han perdido. Por eso están tan enfadados y pretenden pisotear al poder judicial blindando la caza a nivel político”, ha afirmado Silvia Barquero, presidenta de PACMA.
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